En diálogo con Radio 10, Polino cuestionó la suba tanto por el modo en que se decidió como por los funcionarios que intervienen en las áreas correspondientes. "Nos presentamos pidiéndole al juez que suspenda la aplicación de ese aumento y quienes hayan pagado la factura se les reintegre el dinero", dijo Polino y recordó que "en varias oportunidades esto avanzó con el agua potable, la energía eléctrica, aumento del pasaje del ferrocarril, telefonía", entre otras. "Creo que en los próximos 15 días habrá una resolución", estimó. Polino consideró que para determinar el aumento "no hubo una revisión tarifaria integral" ni se convocó a audiencia pública "para que los usuarios conozcan por qué razón se aumenta y poder discutir". Pero también argumentó que "los funcionaros que firmaron no están habilitados para hacerlo por la incompatibilidad de ética pública que requiere como mínimo el trascurso por lo menos de 3 años del traspaso de la función privada a la pública". "El ministro de Energía (Juan José Aranguren) hasta junio fue presidente de Shell y accionista de la misma. Sólo pasaron seis meses del abandono de la actividad privada a la pública y después el interventor Enargas (David Tezanos) hasta el día anterior fue presidente de Metrogas, organismo que tiene que controlar a la empresa que él dirigió, hay una incompatibilidad de intereses", disparó Polino.