Martes, 26 de Mayo de 2020
02 de Abr | 11:59:00 - POLITICA
CORONAVIRUS: UNA BATALLA QUE PARECE NO TENER FINAL

En las últimas semanas, el mundo sólo habla de un solo tema: el Coronavirus. Este enemigo que perturba al mundo y lo obligó a dar un giro inesperado en todos sus aspectos, que no discrimina ni género, ni identidad, ni clase social.

En nuestro país, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de hacer uso de sus facultades y mediante un D.N.U. (Decreto de Necesidad y Urgencia), sancionó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de proteger la salud pública.

En ese contexto, todas las personas que habitemos en el país o se encuentren en él en forma temporaria debemos permanecer en nuestros domicilios habituales o en donde nos encontremos a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020.

Esta medida se extenderá, por el momento, hasta el 31 de marzo inclusive, y los ciudadanos debemos abstenernos de concurrir a nuestros lugares de trabajo ni podremos circular por rutas, vías y espacios públicos.

Sin perjuicio de que esta medida se podrá extender por un plazo indefinido, se estima que la mayoría de la población contraerá el virus de alguna manera, pero la medida de aislamiento tiene como fin, que ese contagio sea de manera progresiva, de modo tal que al momento de ser atendida en cualquier centro de salud, los recursos sanitarios puedan dar a basto y asistir de la mejor manera posible a las personas contagiadas, evitando así que se propague más rápidamente.

Desde el punto de vista jurídico, Alberto Fernández fue muy claro, manifestando en su discurso que “… Aquel que no pueda explicar qué hace en la calle, se verá sometido a las sanciones que prevé el Código Penal para quienes violen las normas que dispone la autoridad sanitaria para frenar la pandemia…”

Lo mencionado anteriormente, hace referencia al artículo del Código Penal que manifiesta muy claramente que: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Asimismo, en consonancia con dicho artículo, se imponen penas más severas en el articulado 202 en el que se reprime con prisión de tres a quince años, al que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Es decir, que si los ciudadanos no acatan las normas sanitarias impuestas por su propio bien, quedarán supeditados a lo reglamentado por nuestro Código. A su vez, para ser aún más estrictos, se habilitó la línea 134 para denunciar a todo ciudadano que viole las medidas preventivas y ponga en riesgo la salud de los argentinos.

Lopez Carribero
Abogado Penalista


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