Lunes, 1 de Junio de 2020
01 de Abr | 19:17:00 - JUDICIALES
EL INSTITUTO DE DERECHO PENAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA MATANZA, QUE DIRIGE EL DOCTOR HUGO LOPEZ CARRIBERO, PROPONE PONER EN MARCHA LA SECRETARÍA DE JUICIOS POR JURADO

El abogado penalista, Hugo Lopez Carribero, propuso la creación de una secretaría destinada a dedicarse en su totalidad al Instituto de juicio por jurado, perfeccionando a todos aquellos profesionales del Derecho que estén interesados.

Esta secretaría, dirigida por el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de La Matanza, tendría el objeto de especializar a abogados, fiscales y jueces, mediante disertaciones llevadas a cabo por expertos en la materia, cursos intensivos y hasta simulacros de juicios.

Lopez Carribero aseguró que esta modalidad de resolución de casos a través de un jurado popular, debe ser aprendida y entendida correctamente, ya que ha llegado para instaurarse por completo en nuestro sistema judicial.
Si bien actualmente sólo cinco provincias son las que adoptaron esta modalidad (Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco y Río Negro) este nuevo procedimiento es la manera más certera de velar por las garantías constitucionales de la República.

El especialista en Derecho Penal, sostuvo que la participación ciudadana en las resoluciones judiciales, le aportan una cuota de confianza al sistema judicial, que ya ha perdido casi todo compromiso por asegurar el cumplimiento de las normas y amparar los derechos de los ciudadanos. En tal sentido, la intervención de un jurado popular genera expectativa y motiva a que las doce personas seleccionadas se comprometan con la causa y sientan responsabilidad por resolver de la manera más apropiada, en torno a sus pensamientos, conductas y creencias.

Esta secretaría de juicios por jurado, no sólo tendrá el compromiso de ejercitar a quienes concurran ante ella, sino que tendrá como propósito el perfeccionamiento progresivo de todos los profesionales para que, cuando llegue el momento de ponerlo en práctica, actúen conforme a las normas y aseguren el cumplimiento de todas las garantías constitucionales.


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