Sábado, 11 de Julio de 2020
09 de Ene | 18:52:00 - POLITICA
INTENSA INVESTIGACIÓN A UNA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALTEÑA POR DEFRAUDACIÓN

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El Juzgado Federal N° 2 a cargo del doctor Miguel Medina, recibió una solicitud por parte de la Fiscalía para la producción de más medidas de prueba en relación a la hipótesis de que la empresa habría defraudado al Ministerio de Transporte de la Nación al recibir subsidios por líneas que no prestaron servicio.


La causa comenzó con una denuncia presentada por el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la provincia de Salta, Reinaldo García Gambetta, al advertir irregularidades en el cobro de los subsidios del plan nacional SISTAU (Sistema Integrado de Transporte Automotor) y la Compensación Complementaria Provincial y Precio Diferencial de gasoil por parte de la empresa de transporte Virgen de Urkupiña, con sede social en la localidad fronteriza de Salvador Mazza.
A partir de la mencionada denuncia, la fiscalía solicitó toda la documentación pertinente tanto a la Autoridad Metropolitana de Transporte como al Ministerio de Transporte de la Nación para poder remitir los informes al Juzgado y profundizar las medidas de investigación por delitos en perjuicio a fondos del estado nacional. A su vez, se solicitó que se tome declaración testimonial a García Gambetta, con los mismos fines.
Con estos elementos, y las pruebas ya recolectadas en la causa, la fiscalía espera avanzar en la investigación para determinar si existe una imputación penal a una persona determinada. Lo que aún no se ha podido determinar son los fines y los motivos de aquellas irregularidades, así como también en alcance de las mismas.
El fiscal expresa: “se advierte la existencia de inconsistencias entre la declaración jurada presentada por la empresa Transporte Urkupiña SRL, respeto a las líneas que presta, y lo informado por la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios en relación a las líneas que habrían percibido subsidios por compensaciones tarifarias y gasoil a precio diferenciado”.
En consecuencia, el fiscal consideró que los hechos denunciados podrían encuadrar en el delito de defraudación, agravado por ser cometido en perjuicio de la administración pública, establecidos en los artículos 172 y 174, inciso 5, del Código Penal, los que prevén penas máximas de hasta seis años de prisión.


HUGO LOPEZ CARRIBERO
ABOGADO PENALISTA
PROFESOR UNIVERSITARIO DE DERECHO PENAL


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