Lunes, 25 de Marzo de 2019
13 de Mar | 19:59:00 - POLITICA
Una trabajadora Tucumana denuncia que la despidieron por militar a favor del aborto legal

Fernanda Fernández trabajaba en la administración pública, pero fue echada luego de denunciar al gobernador Juan Manzur por impedir la interrupción del embarazo para una niña violada de 11 años.

El caso de la niña de 11 años violada en la provincia argentina de Tucumán a la que se le negó su derecho al aborto (contemplado por la ley local) sigue teniendo repercusiones. Ahora fue el despido de Fernanda Fernández, quien se desempeñaba en un programa del Ministerio de Desarrollo Social provincial.

La trabajadora forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, un agrupamiento que reúne organizaciones y activistas de todo el país que impulsan la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, fue firmante de la denuncia presentada contra el gobernador gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, y otros funcionarios, por "abuso de autoridad", al impedir el aborto legal de la menor que fue denominada 'Lucía' para preservar su verdadera identidad.



?? #SeguimosEnCampaña
@CampAbortoLegal
El Gobierno de #Tucumán emprende una violenta persecución política contra nuestra compañera Fernanda al punto de dejarla sin trabajo.

? Nos quieren amedrentar para seguir usando a las niñas como instrumentos de reproducción?#ReincorporaciónDeFernandaYa #LucharesunDerecho

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13:50 - 13 mar. 2019
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En ese marco, este miércoles se hizo una campaña a través de las redes sociales para exigir su reincorporación y se señaló el despido como un caso de persecución política.

"Yo iba a firmar el quinto contrato en dos años", contó Fernández a este medio, luego de explicar que las contrataciones "se renuevan de manera automática por evaluación técnica" y ella las había pasado "de manera favorable".

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Caren Tepp
@carentepp
Exigimos la #ReincorporaciónDeFernandaYa quien fue despedida de su trabajo en #Tucumán por formar parte de la@CampAbortoLegal . Luchar es un derecho, basta de persecución política!

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12:07 - 13 mar. 2019 · Rosario, Argentina
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Cuando ocurrió el caso de 'Lucía', Fernández comenzó a participar activamente del reclamo para que se le garantizara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), contemplada en el Código Penal argentino. En ese contexto fue que la llamaron por teléfono para decirle que "ya no cumplía con el perfil técnico que buscaban, sin dar ningún tipo de fundamentación".

"Me dijeron en la cara que la decisión era de alguien más arriba y no de la Coordinación del programa donde trabajaba", relató. Además, aseveró que es "la única persona dentro del programa que está en situación de despido". De igual forma, recalcó que no se trata de un ajuste de personal porque, de hecho, están contratando más gente que años anteriores.

"A quienes somos militantes se nos sugería que para mantener la fuente de trabajo le militáramos la campaña a Manzur", aseguró.

El caso 'Lucía'
La última semana de febrero una niña de 11 años, oriunda de la provincia argentina de Tucumán, fue obligada a dar a luz en la semana 23 de gestación. La menor, había sido víctima de una violación por parte de la pareja de su abuela y, tal como estipula la legislación argentina, podía acceder a un aborto.

Si bien 'Lucía' había pedido que se le practicara la ILE -de acuerdo al artículo 86 del Código Penal, vigente desde 1921- y contaba con el aval de su madre, este no se llevó a cabo.

Funcionarios políticos de la provincia y miembros del personal de salud demoraron deliberadamente la intervención, lo que vulneró los derechos de la niña. Finalmente, por lo avanzado del embarazo, se le debió practicar una cesárea.


Silvia Augsburger
@silviaaugs
En Tucumán no se respetan las leyes y se persigue a quienes luchan porque se cumplan!#BastaDePersecuciónPolitica #ReincorporaciónDeFernandaYa #LucharEsUnDerecho @CampaAbortoRos @CampAbortoTuc

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13:23 - 13 mar. 2019
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Al momento de realizar la operación, casi todos los profesionales de la salud se declararon objetores de consciencia, es decir, se negaron a llevar a cabo la intervención aunque no se tratara de un aborto, sino de un parto.

Frente a esta situación, la obstetra Cecilia Ousset y su esposo, el médico José Gigena, fueron convocados especialmente para llevar a cabo el procedimiento. Según declaró la profesional al diario The Guardian, nunca fue su intención "obligar a la niña a dar a luz".

Sin embargo, debido a las condiciones de salud de 'Lucía' (pesa menos de 50 kilos y padece hipertensión), un aborto era muy peligroso. "Una intervención vaginal a las 23 semanas es un procedimiento prolongado. Hay que aplicar diferentes medicamentos durante tres días. También es extremadamente doloroso. Lucía no estaba en condiciones de soportar eso", aseguró Ousset.

Persecución política en la provincia
Como reacción a la denuncia contra Manzur y otros funcionarios, esta semana grupos llamados 'pro-vida' (es decir, en contra el aborto legal) acusaron a Gigena y Ousset, la pareja de médicos que atendió a la menor, por 'homicidiocalificado',ya que la bebé nacida en la cesárea falleció hace pocos días.

Fernández recordó ese hecho y consideró que lo ocurrido con su despido, "se enmarca en una (persecución) más grande que está haciendo y habilitando el Estado hacia quienes garantizan los casos de ILE".

Desde su perspectiva, la acusación contra los profesionales de la salud "busca perseguir y amedrentar a aquellos médicos que garanticen la ILE en la provincia".

Imagen ilustrativaDenuncian a los médicos que practicaron una cesárea a una niña de 11 años violada en Argentina
Por otra parte, la trabajadora despedida recordó que el año pasado hizo presentaciones "en contra del Gobierno provincial", haciéndolos responsables de cualquier cosa que le sucediera. "Cuando el proyecto por el aborto legal entró al Congreso, en 2018, me empezaron a amenazar en mi casa, así que me terminé mudando", denunció.

Finalmente, afirmó que "hay una gestión que está persiguiendo a militantes y vulnerando derechos".

Santiago Mayor


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